La discusión sobre las cifras de desempleo de esta semana va a girar, casi por inercia, en torno al ciclo macroeconómico: bajo crecimiento, permisología, ley de 40 horas, salario mínimo, falta de inversión. Toda esa conversación es legítima, pero también es insuficiente. Lo que el 8,9% nos está diciendo, en realidad, es algo más profundo y más incómodo: que durante dos décadas escuchamos —y a veces, incluso, repetimos— todos los avisos sobre cómo se iba a transformar el mundo del trabajo, y respondimos con una intensidad que hoy se revela como insuficiente.

Los que ya no podemos ignorar

El INE informó esta semana que la tasa de desocupación llegó a 8,9% en el trimestre enero-marzo de 2026, con un alza de 0,2 puntos en doce meses y un salto desde el 8,3% del trimestre móvil anterior. Pero lo verdaderamente alarmante ya no es la cifra, sino que con este resultado se completaron 38 meses consecutivos con la tasa de desempleo igual o superior al 8%. Tres años y dos meses sin volver a la normalidad histórica.

Solo la primera capa detrás de estas cifras ratifica que enfrentamos un escenario demoledor:

•      La desocupación femenina escaló al 10%, su nivel más alto desde mediados de 2025.

•      La informalidad llegó a 26,5%. En el último año se crearon 78.632 empleos informales y se destruyeron 33.277 formales. La economía no está creando trabajo: lo está reciclando hacia categorías más precarias.

•      La tasa combinada de desocupación —que incluye a quienes están fuera de la fuerza laboral pero disponibles para trabajar— alcanzó 17,4%. Casi uno de cada cinco chilenos en edad de trabajar está, en algún sentido, fuera del sistema productivo.

La interpretación inmediata es la macroeconómica clásica, y no es equivocada. Chile lleva más de una década con un crecimiento de la productividad total de factores cercano a cero. La inversión privada se ha venido contrayendo, presionada por una agenda regulatoria que elevó costos sin elevar flexibilidad: reducción de jornada, reformas tributarias en disputa permanente, una permisología ambiental que convirtió plazos de meses en plazos de años. El mercado formal se sobrerregula mientras el informal crece sin control. Las empresas que pueden, automatizan o postergan contrataciones; las que no, migran a esquemas informales. Que la cifra de quienes buscan trabajo por primera vez haya crecido 14,5% en doce meses no es coincidencia.

Todo eso es verdad. Y sin embargo, deja afuera la pregunta más importante: ¿por qué un país con una macroeconomía razonablemente bien gestionada, instituciones sólidas, capital humano formado y acceso a las mejores prácticas internacionales lleva casi cuatro años sin poder bajar de 8% de desempleo? No es es responsable seguir hablando que es un problema solo de ciclo económico. Tenemos que reconocer que también esta en algo que hemos subestimado por mucho años.

Los lobos que veíamos venir

Durante al menos dos décadas, todos los actores serios del mundo del trabajo —la OCDE, la OIT, el Banco Mundial, la academia, los think tanks, los propios gobiernos en sus diagnósticos sectoriales— vinieron anunciando que múltiples fuerzas estaban transformando simultáneamente la fuerza laboral. Y no en un futuro lejano: en plazos de cinco a quince años. Las identificamos correctamente, las nombramos, llenamos seminarios, columnas y discursos hablando de ellas. Hicimos comisiones, mesas, informes.

Lo que no hicimos, o no hicimos con la intensidad necesaria, fue construir las capacidades para absorberlas sin destruir empleabilidad en el camino.

Conviene recordarlas, una por una, porque la suma —no cada una aislada— es lo que explica el cuadro de hoy:

•      La transformación digital y la automatización: de la digitalización del retail y la banca a la robotización industrial, pasando por la economía de plataformas y, más recientemente, los modelos de inteligencia artificial generativa. Tres décadas de olas sucesivas de desplazamiento ocupacional.

•      El envejecimiento demográfico: Chile envejece a una velocidad superior a la mayoría de los países de la región. Eso reduce la fuerza laboral disponible, presiona el sistema previsional, y exige adaptaciones —en jornadas, productividad por trabajador, retención de talento senior— que apenas hemos esbozado.

•      Los flujos migratorios, que en menos de diez años incorporaron casi un millón y medio de personas a la fuerza laboral chilena. Una transformación demográfica de gran escala que el país nunca había vivido y para la cual el mercado laboral no se preparó: ni en validación de credenciales, ni en mecanismos de inserción, ni en políticas activas de empleo.

•      La transición energética y climática, que reconfigura sectores enteros —minería, agricultura, energía, transporte, construcción—. Cada uno con cadenas de valor que se están reescribiendo y con perfiles ocupacionales que se vuelven obsoletos al mismo ritmo que se crean otros nuevos.

•      La reconfiguración de las cadenas globales de valor: el offshoring que vivió Chile en los noventa hoy convive con nearshoring, friend-shoring y relocalización. Sectores que parecían consolidados —servicios profesionales remotos, manufactura intermedia— enfrentan disputas competitivas que no estaban en el mapa hace una década.

•      Los nuevos modelos de trabajo: teletrabajo, jornadas flexibles, trabajo por proyectos, plataformización, trabajadores independientes con relaciones de dependencia económica. Formas de inserción laboral que el marco normativo chileno todavía mira con una lógica binaria —dependiente o independiente— que desde hace mucho dejo de ser una categoría validada para describir las modalidades de trabajo.

•      La creciente exigencia de competencias transversales —digitales, analíticas, socioemocionales, de aprendizaje continuo— que ya no son un complemento sino un piso de empleabilidad, y que nuestro sistema formativo sigue tratando como electivos.

Cada una de estas tendencias se anunció con tiempo. Cada una llegó, cada una desplazó ocupaciones, transformó otras y creó nuevas. Y en cada una, Chile reaccionó tarde, parcial y desarticuladamente.

La falta de intensidad en hacer lo correcto

Frente a esa convergencia de fuerzas, había al menos cinco frentes que debíamos abordar, y lo hicimos, pero a una velocidad y profundidad incompatible con la magnitud del cambio en curso.

1. Reconversión laboral con densidad real

Llevamos veinte años hablando de capacitación y reconversión, y el sistema sigue siendo esencialmente el mismo: la franquicia tributaria SENCE, cursos de calidad heterogénea, baja conexión con la demanda real de las empresas, certificaciones que no abren puertas salariales. Importamos modelos prestigiosos —el sistema de competencias laborales australiano que dio origen a ChileValora, la formación dual alemana, las competencias del siglo XXI estilo P21 estadounidense— pero los implementamos como protocolos administrativos, sin replicar las instituciones que los hacen funcionar afuera. Nos inundó una vez más la soberbia que tanto nos caracteriza en determinados momentos y escogimos el "Chilean way" para implementarlas, haciendo casi omiso que detrás de esos modelos exitosos y en funcionamiento se encontraban experiencias y aprendizajes de lo que funciona y lo que no. Los resultados hablan por si solos. ChileValora certifica trabajadores sin que esa certificación tenga retornos salariales medibles. La formación dual existe en pilotos valiosos pero marginales, sin las cámaras empresariales con poder regulatorio ni la valoración social del técnico que tiene Alemania. Las competencias del siglo XXI llegaron a las bases curriculares antes que a la formación docente.

2. Una colaboración público-privada que rara vez fue virtuosa

Una transformación de esta escala —digital, demográfica, migratoria, energética— es, por definición, un fenómeno que ningún actor puede gestionar solo. Requiere que el Estado, las empresas, la academia y los gremios trabajen sobre las mismas anticipaciones, los mismos datos y los mismos incentivos. En Chile, con honrosas excepciones, esa colaboración fue insuficiente. Las mesas público-privadas se convirtieron en espacios de negociación reactiva, no en motores de planificación estratégica. Los pocos esfuerzos serios —como los Programas Estratégicos de Corfo— sufrieron discontinuidades de gobierno o quedaron capturados por dinámicas burocráticas. La consecuencia fue la toma de decisiones aisladas, sin la articulación suficiente para generar un impacto sustancial.

3. Un ecosistema innovador con poca profundidad

Chile fue pionero regional en políticas de innovación —Start-Up Chile, los créditos tributarios I+D, los Centros Basales—, pero el ecosistema nunca alcanzó la masa crítica que se necesita para mover la aguja del empleo agregado. La inversión en I+D sigue rondando el 0,4% del PIB, un tercio del promedio OCDE y muy por debajo de cualquier país que haya logrado pivotar su matriz productiva hacia actividades intensivas en conocimiento. Sin profundidad innovadora, las empresas que crean los nuevos empleos —los empleos de mejor calidad y mayor productividad— simplemente no se forman, o se forman a una escala que es incapaz de compensar la destrucción que se esta produciendo.

4. Capital de riesgo de verdad, no el que nos han disfrazado por años

Aquí conviene ser preciso. Chile desarrolló durante la última década una industria de venture capital que, vista de cerca, es mayoritariamente private equity en etapas tempranas con apetito de riesgo limitado, plazos cortos y dependencia estructural del capital público vía Corfo. El capital de riesgo real —el que financia apuestas tecnológicas profundas, con horizontes de siete a diez años, tolerancia a fracasos en cadena y capacidad de doblar la apuesta cuando algo funciona— sigue siendo escaso. Sin esa clase de capital, las empresas que podrían reabsorber a los trabajadores desplazados por todas estas transiciones no llegan a escalar, o escalan en otros mercados. Promover esa industria, con regímenes tributarios pensados para fondos de larga duración, con co-inversión pública inteligente, con apertura a inversionistas institucionales que hoy están bloqueados regulatoriamente, era una conversación que ya hace 10 años esta pendiente, hoy lo sigue siendo.

5. Más competencia, no necesariamente más legislación

El último frente es quizás el más subestimado. La mejor política de empleo de mediano plazo es un mercado competitivo: empresas que se disputan trabajadores y que, para hacerlo, deben mejorar productividad, salarios y condiciones. Chile tiene mercados altamente concentrados en sectores clave —retail, banca, salud privada, telecomunicaciones, servicios profesionales— y un régimen de libre competencia que, aunque ha mejorado desde la creación de la FNE, sigue respondiendo a lo que la teoría económica denomina oligopolio. La paradoja es que aquí no se requería más legislación: se requería aplicar correctamente la que ya existía. Sancionar colusiones con multas verdaderamente disuasivas, revisar fusiones con criterios técnicos rigurosos, abrir mercados regulados que llevan décadas protegiendo rentas. Cada una de esas medidas habría tenido un efecto sobre la productividad, impactando en el empleo y los salarios.

La conversación que tenemos pendiente

Lo anterior no exime al ciclo económico actual de su responsabilidad. Las decisiones de los últimos años —y las del próximo gobierno— van a importar. Pero plantear el desempleo solo en clave coyuntural es repetir el error que nos trajo hasta acá: tratar como problema cíclico lo que en realidad es la manifestación visible de múltiples transiciones estructurales que llevamos dos décadas administrando con instrumentos insuficientes.

La buena noticia es que las palancas siguen estando ahí. La densidad de la reconversión laboral es una decisión presupuestaria y de diseño institucional. La colaboración público-privada virtuosa requiere mecanismos permanentes —no comisiones ad-hoc— con presupuestos protegidos del ciclo electoral. La profundidad del ecosistema innovador depende de elevar de manera sostenida la inversión en I+D y de simplificar los instrumentos para que las empresas medianas, no solo las grandes y las startups, los usen. El capital de riesgo real necesita un marco regulatorio y tributario que lo trate como lo que es —una clase de activos de largo plazo con función estratégica— y no como una variante exótica del private equity. Transformar el oligopolio de mercado a libre mercado, solo requiere aplicar la ley.

Ninguna de estas cosas es ideológicamente nueva. Ninguna requiere un programa político inédito. Lo que requieren es algo que Chile ha tenido en cuotas insuficientes: intensidad sostenida, capacidad de implementación, y la disciplina de no abandonar una reforma cada vez que cambia el gobierno.

Cada trimestre que pasa con el desempleo sobre 8% no es solo una mala noticia macroeconómica. Es un trabajador que pierde experiencia, una mujer que abandona su carrera, un joven que entra al mercado por la puerta de la informalidad, un migrante calificado manejando aplicaciones, un profesional senior empujado a una jubilación anticipada. La depreciación del capital humano es silenciosa pero acumulativa, y se vuelve más cara mientras más se posterga.

La fábula del lobo termina mal porque, cuando finalmente aparece, ya nadie le cree al pastor. La versión chilena es peor: aquí los lobos se anunciaron, llegaron en manada, y seguimos discutiendo si realmente están.

El 8,9% de desempleo es una realidad, explicada solo en parte por el ciclo económico, y en otra, de igual o mayor magnitud, por una factura diferida de dos décadas en las que vimos venir el cambio y respondimos con intensidad insuficiente. Asumir que el Lobo llegó: es la única forma de empezar a pagarla.

Fuentes: INE, Encuesta Nacional de Empleo trimestre enero-marzo 2026; Banco Central de Chile; Subsecretaría del Trabajo, Informe sobre Recuperación del Empleo (2025); ChileValora, Estudio de Financiamiento del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales; AHK Chile y Mineduc, antecedentes sobre implementación de la Estrategia de Formación por Alternancia; OCDE, indicadores de inversión en I+D.